capacidad adquisitiva de las personas jóvenes
por provincias, nos encontramos por encima de la media a vizcaya con un 71,6%, guipúzcoa con un 70,9%, barcelona con un 69,3%, baleares con un 65,1%, madrid con un 62,6%, cantabria con un 58,2%, y málaga con un 57,8%. por debajo están lugo con un 38,6%, toledo con un 37,8%, lleida con un 35,6%, cáceres y cuenca con un 34,9%, badajoz con un 34,3% y, por último, ciudad real con un 32,7%
según este organismo, los jóvenes deberían cobrar cerca de los 28.000 euros anuales, es decir, unos 2.350 euros mensuales. las comunidades autónomas donde la diferencia entre ingresos necesarios y salario es mayor son país vasco (126,83%), baleares (117,06%), comunidad de madrid (108,57%) y cataluña (104,44%). por el contrario, extremadura (14,63%), castilla-la mancha (30,22%) y murcia (34,93%) son las comunidades en las que más se aproximan los ingresos y el poder adquisitivo real de los jóvenes
por último, el informe nos ofrece la superficie máxima que ha de tener el piso al que una persona joven puede aspirar en nuestro país sin sobre-endeudarse, teniendo en cuenta el salario que cobra. si hablamos de compra, esta superficie sería de 56,1 m2, y si nos referimos a alquiler sería de 44,5 m2
emancipación de la población joven
en el segundo trimestre de 2011 la tasa de emancipación de la población joven en nuestro país se ha situado en el 45,4%. es decir, casi la mitad de los y las jóvenes aún no han logrado abandonar su hogar de origen
ante esta situación, el consejo de la juventud de españa (cje) reivindica la puesta en marcha inmediata de políticas que hagan posible el derecho que tienen los y las jóvenes a emanciparse para poder tener una vida autónoma sin la dependencia económica de otros miembros de la familia. para ello, entre otras medidas, el cje exige:
- una ley que garantice el acceso a la vivienda digna y adecuada de titularidad pública, cuyo coste no supere el 30% de los ingresos netos anuales
- demandar a las administraciones públicas que de manera decidida creen un parque público de vivienda en diferentes fórmulas de acceso, primando el alquiler, que nunca pueda ser privatizado
- garantizar por parte de los poderes públicos la protección y estabilidad de los inquilinos mediante la reforma de la ley de arrendamientos urbanos que garantice una mayor duración de los contratos
- un mayor control del proceso de la renta básica de emancipación y de otras ayudas mediante una mayor transparencia en la concesión de las mismas, y la posibilidad del conocimiento a través de internet del estado de su tramitación
- el fomento de la cultura del alquiler frente a la de compra
- endurecimiento de las leyes para prevenir y luchar contra la corrupción política
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